Valor imaginario de los activos

"Del mark-to-market al valor imaginario de los activos: no hay que matar al mensajero" es un articulo de Juan Miguel del Cid Gómez publicado en http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/

"No hay mejor manera de evitar una crisis financiera que escondiéndola debajo de la alfombra. Así parece entenderlo el plan de estabilización de emergencia aprobado por las cámaras de EEUU y firmado por el presidente Bush. Una de las medidas recogidas en dicho plan concede a la SEC (Securities and Exchange Commission) la autoridad para suspender la aplicación del principio contable mark-to-market, en aras de una supuesta protección del interés público y de los inversores.

Este principio contable, conocido también como fair value o valor razonable, se recoge en el Statement núm. 157 del Financial Accountant Estandars Board (organismo privado que emite los principios de contabilidad generalmente aceptados en EEUU) y es el que se aplica en la valoración de los instrumentos financieros deteriorados que han protagonizado la actual crisis financiera.

Para algunos gestores bancarios de EEUU el principio del mark-to-market está colapsando el sistema financiero obligando a las entidades a valorar los instrumentos subprime por su valor de mercado. Incluso se ha argumentado que al igual que Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus en periodos de guerra, los reguladores deberían suspender la aplicación de este 'dañino' principio contable en estos tiempos de crisis financiera.

Esta solución llevaría a asignar a los activos financieros deteriorados un feliz valor imaginario muy alejado de la realidad hasta que las aguas volvieran a su cauce.

El valor razonable

El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes independientes en el mercado a la fecha de medición. La medición hecha a valor razonable asume que el activo o el pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre los participantes en el mercado; no es una transacción forzada (por ejemplo, la liquidación o la venta apresurada). Se trata de una transacción hipotética a la fecha de medición que la empresa al elaborar los estados financieros debe considerar.

La medición hecha a valor razonable asume que la transacción se produce en el mercado de mayor nivel de actividad para ese activo o en ausencia de éste en el que maximice la cantidad que sería recibida.

En los últimos años las firmas de Wall Street han creado y comercializado complejos instrumentos financieros basados en las hipotecas de alto riesgo que eran empaquetadas en atractivos productos de inversión. Estos valores de diseño como los subprime bonds y los collateralized debt obligations (CDOs) tenían por objetivo obtener altos rendimientos avalados por elevados niveles en su rating de solvencia. Ante la explosión de la burbuja inmobiliaria, los mercados empiezan a manifestar sus dudas sobre la bondad de tales productos y los compradores desaparecen súbitamente, surgiendo las dudas sobre su valor.

¿Cuánto valen los activos?

De acuerdo con las normas contables, se pueden utilizar distintos supuestos para fijar el precio de estos activos. Unos están basados en datos observables del mercado obtenidos de fuentes independientes de la entidad emisora de la información. Otros utilizan inputs no observables basados en hipótesis de la entidad que reporta. Hay un aspecto clave para incrementar la consistencia y la comparabilidad en las mediciones hechas a valor razonable como es la jerarquía que prioriza en tres niveles para las técnicas de valuación.

Dicha jerarquía da la prioridad más alta a los precios cotizados en mercados activos para idénticos activos (nivel 1), es decir en mercados en los que se producen transacciones con frecuencia y volumen suficiente para ofrecer información continua sobre la fijación de precios. Le siguen los precios cotizados para activos similares en mercados activos (nivel 2). La prioridad más baja corresponde a los inputs no observables (nivel 3), que serán usados para medir el valor razonable en la medida en que no estén disponibles inputs observables y en situaciones en las que haya poca actividad de mercado.

Cuando el mercado para los activos financieros de mala calidad basados en las hipotecas subprime desaparece, las entidades financieras empiezan a utilizar índices para su valoración como el Markit ABX, que no arrojan buenos resultados. Al final hay que recurrir al único método de valoración posible basado en datos no observables (nivel 3), como es el descuento a valor presente de los flujos de efectivo futuros que generará el activo. La medición se basa en las expectativas actuales que el mercado tiene respecto a esas cantidades futuras. Son cantidades de difícil estimación, en muchos casos inciertas por el riesgo que al final depende de que los propietarios de viviendas hipotecadas cumplan con sus pagos.

Todo esto, además de acarrear importantes dificultades de valoración, ha producido resultados desastrosos en los balances de entidades como Lehman Brothers, Fannie Mae y Freddie Mac, que se han visto abocadas a la quiebra.

No hay que matar al mensajero

Algunos financieros innovadores han encontrado la solución a todos estos problemas: nada mejor que la supresión del valor razonable, ya que su cálculo está basado en hipótesis cada vez más pesimistas.

Sin embargo, la supresión del principio del valor razonable no va en interés de los inversores ni de la transparencia de los mercados de valores. La confianza del público en el sistema financiero podría ser socavada por estos intentos de disfrazar el valor actual de los activos deteriorados y, por ende, de la imagen fiel de los estados financieros de las empresas afectadas. Es importante subrayar que el valor razonable ha contribuido positivamente a poner de manifiesto la severidad de la crisis a la que se enfrentan los mercados de crédito y determinadas instituciones, pero no ha creado la crisis.

Muchos de los requerimientos contables actuales proceden de la crisis de las Saving and Loan de la década de 1980, cuando los reguladores debieron aprender que no conocer el valor real de los instrumentos financieros puede ser devastador si la burbuja finalmente explota y las instituciones financieras se ven obligadas a cerrar sus puertas.

Aunque determinar el valor razonable de los instrumentos financieros en un mercado carente de liquidez puede suponer un reto, las prácticas actuales proporcionan un método consistente y uniforme con una amplia información para los inversores. Las autoridades económicas, responsables de restaurar la confianza en el sistema financiero, no deberían culpar al valor razonable, el cual es simplemente el mensajero de la crisis, no la causa.

Juan Miguel del Cid Gómez es Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada




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The offshore world created the conditions that led to this crisis?

"The threat lying offshore" is an article published by Richard Murphy and John Christensen, The Guardian, Friday 10 October 2008 Article history at http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/oct/10/tax-banking:


"Tax havens will sabotage attempts to re-regulate global finance. Democracy demands we tackle them.

The global economic crisis means financial re-regulation is, finally, on the agenda. Most agree it is needed on a global level. Some say this is impossible in a world of self-interested sovereign states, but we disagree: it is possible if we look at the context in which regulation is embedded. There we find the essence of the problem: tax havens. The offshore world created the conditions that led to this crisis, and unless the offshore world is tackled, it will undermine all efforts to deal with it.

What do tax havens do? In truth, the term is a misnomer, and we prefer the term "secrecy jurisdictions". This is because they offer not one thing but three: low or zero taxes, secrecy, and lax regulation. In doing so they "compete" against reputable countries, trying to outdo them on ever lower corporate taxes and laxer regulation. As we said in our June submission to the Treasury committee on offshore financial centres, tax havens set out deliberately to "undermine the impact of legislation passed in other jurisdictions". This is their core business, and this is the threat they pose to the world.

The impact of this is now visible in the economic crisis. The banking system has ceased to function because banks do not trust their peers' finances, structures and accounting disclosure. Opacity has been at the heart of the matter, and it is secrecy jurisdictions that create this opacity. First, they offer secrecy. All major banks have taken advantage of this, assisted by the "big four" firms of accountants who operate in all the world's significant tax havens.

Second, they create uncertainty about who owns what. Offshore entities were used to isolate ownership of financial vehicles from onshore parents to secure higher credit ratings. The arrangements are often abusive, involving trusts and supposed charities. The result was, for instance, that when Northern Rock was nationalised, the Commons did not know whether this meant its Jersey-based shadow, Granite, was too. Its £40bn of assets apparently existed in limbo. In consequence it is often the case that nobody knows who will honour the debts of what are, legally, separate entities. All of the victims of the current crisis had plunged very deep into this style of offshore operation.

Third, they generate complexity, a form of opacity. Complexity has without doubt been used to shift risk from big institutions to society. Companies have spread complex structures across jurisdictions to exploit regulatory gaps. Even if each haven's claim to be properly regulated were true, the regulation of such firms falls between stools, since each jurisdiction only accepts responsibility for what happens in its domain. Regulation cannot function in such a world - a fact the failing banks exploited. And tax havens will enable many beneficiaries of the years of exuberance to protect their winnings in offshore black boxes, even if law courts wish otherwise.

These havens are not just the palm-fringed islands of popular imagination. They are also places at the heart of the global economy. In particular the City has many offshore features. The IMF thinks London is offshore. When coupled with links to satellite havens like Jersey and Cayman, it becomes clear that Britain must be central to a global response to this problem. Gordon Brown and his predecessors have ignored this. As a result they have knowingly permitted the harm which secrecy jurisdictions wreak on the poor at home and abroad. Unless they are tackled, tax havens will sabotage any efforts to build global governance and international cooperation.

That is why we must gear up for a global fight against tax havens. In the long term this push must stop regulation being embedded in a context riddled with powerful actors deliberately aiming to undermine it. More immediately, it must help policymakers address the crisis's fallout by giving them back powers to tax wealth and capital properly, and constrain what is a hothouse for cross-border crime.

Tackling the increasing tension between global integration and a lack of credible international governance is impossible while these jurisdictions and their financial and criminal communities thwart attempts to deploy democratic controls. We emphasise, the secrecy jurisdictions' role in this is generic. Undermining democratic accountability is what they do for a living.

Politicians can, and must, be braver now - public interest demands it.

• Richard Murphy is a chartered accountant and founder of Tax Research LLP and Tax Justice Network; John Christensen is an economist and director of Tax Justice Network taxjustice.net



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Inversión: ¿Los paraisos seguros son todavía seguros?

Como suele suceder, Business Week publicó un articulo muy interesante sobre inversiones. Quizas sea conveniente leerlo con el articulo "5 ways that Wall Street's Mess Hurts Main Street" que se puede encontrar en http://www.greenfaucet.com/the-market/5-ways-that-wall-streets-mess-hurts-main-street/89122.

Por el momento, podemos leer este articulo escrito por David Bogoslaw y que se encuentra en http://www.businessweek.com/investor/content/sep2008/pi20080926_686123.htm.

Investing: Are 'Safe Havens' Still Safe?
Issue of more Treasury bills to pay for the Wall Street bailout may impact investor confidence in U.S. bonds as a safe haven. Time to consider some alternatives


In finance, safety isn't what it used to be. After a couple of money-market funds came perilously close to breaking the buck last week, and given the unsettling inflationary prospects of the government flooding the market with additional Treasury notes to finance the Wall Street bailout, investors are reevaluating what constitutes a "safe haven."

The yield on the three-month Treasury note dropped to zero on Sept. 18, so great was demand for short-term T-bills by nervous investors fleeing equity and money markets. That was of course before Treasury Secretary Henry Paulson announced plans to take toxic mortgage-backed securities off investment banks' balance sheets.

The yield on 10-year U.S. Treasury bonds, at 3.83%, is currently very close to the long-term inflation rate, which means investors would barely preserve their purchasing power if they reinvested all the coupon payments to buy new Treasuries, Marc Schindler, a financial adviser at Pivot Point Advisors in Bellaire, Tex., wrote in an e-mail message to BusinessWeek. He's not alone in believing it's inevitable that yields will rise as the Treasury piles more than $700 billion onto the national debt, which is certain to stoke inflation and weaken the dollar's value.

Bailout Impact
Not everyone is convinced the issuance of a mound of additional Treasury notes will be all that inflationary. Some see it as a much better alternative to printing money to buy distressed assets from banks. The increase in the supply of Treasury notes in and of itself won't spark a big inflation hike unless the bailout helps to resolve the credit crisis and speeds an economic recovery, says James D. King, president and chief investment officer of National Penn Investors Trust Co. in Reading, Pa. If the bailout doesn't work and credit markets don't thaw, further deterioration in business activity will cause unemployment to rise and wages to stagnate or drop, which would offset any increased inflationary pressure, he predicts. The pullback in oil and other commodity prices from summer peaks has already helped relieve inflation risks. The surge in borrowing could also put the Treasury's triple-A credit rating at risk, Pivot Point's Schindler warned in his e-mail.

Investors can buy U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) to ensure the value of their investment keeps pace with inflation, but they take the chance of lower returns if inflation doesn't climb significantly, since the yield on 30-year TIPS is much lower than on comparable T-bills not adjusted for inflation. TIPS are also less useful for investors in higher-income brackets who tend to report a brisker pace of inflation for the goods they buy—closer to an 8% to 12% rate—than the inflation rate measured by the Consumer Price Index deflator, says Frank Trotter, president of Everbank Direct in Jacksonville, Fla.

A separate risk, though related to inflation concerns, is what damage the further ballooning of the national deficit might do to foreign investors' confidence in U.S. government bonds. One of the prime motivating factors for the nationalization of mortgage giants Fannie Mae (FNM) and Freddie Mac (FRE) was the government's need to assuage foreign investors that had loaded up on the agencies' debt. There is so much foreign money invested in U.S. Treasury bonds that it would only take a small portion of it to retreat to spark a major crisis for U.S. coffers, says Kirk Kinder, a certified financial planner at Picket Fence Financial in Bel Air, Md.

"This is a huge, watershed moment, not just for managing the dollar, but this is the biggest government intervention into our market-based economy," says Kinder. "[Overseas] investors are going to be nervous about investing in the U.S. because we've showed we can change the rules midstream."

In his view, the U.S. has gone from being the puppet master to the puppet, afraid of the consequences for the dollar were China to de-peg the value of its currency from the greenback and allow it to float.

Doubts About U.S. Financial Superpower Status
Brett Hellerman, chief executive of Wood Creek Capital Management, a hybrid hedge and private equity fund, sees the financial crisis and the call for such a huge bailout as just the latest in a series of misguided policy decisions over the past eight years that have severely eroded confidence in the U.S. "The price of the U.S. is going down. If we were a stock, we'd be for sale," he says. "I think the dollar is going to come under increasing attack here."

That kind of apocalyptic thinking is by no means confined to people on the margins. On Sept. 25, Germany's Finance Minister, Peer Steinbruck, predicted that as a result of the financial crisis, the U.S. will cede its role as a superpower of the world financial system to better-capitalized centers that are emerging in Asia and Europe, according to the Financial Times. That doesn't mean the dollar will lose its reserve currency status, but rather that it will become a more relative store of value, Steinbruck added.

Many investment professionals disagree, however. William Bellamy, director of fixed income portfolios at Thompson, Siegel & Walmsley in Richmond, Va., says he thinks the issuance of additional Treasury bills to pay for the bailout will have minimal impact on investor confidence in U.S. bonds as a safe haven. "Issuance will go up to fund the bailout but it will be over time. And if it corrects the underlying credit markets and unfreezes them, I don't think much concern at all should be put on the additional issuance," he says. "The U.S. is still the safest place in the world to invest and will remain that way."

If the bailout eventually tops $1 trillion, however, the size of the Treasury issuance could cause people to start questioning the credit quality of the dollar, he adds.

Other Countries' Bonds
The key to how much confidence foreign investors continue to place in the U.S. will be whether the bailout is structured to ensure the Treasury can recover a significant portion of its investment later on, in contrast to the Chrysler bailout of 30 years ago, says King at National Penn. That can be accomplished either by the government taking equity stakes in the banks it's buying securities from, or buying them at low enough prices or charging a sufficiently high interest rate on loans, he says.

Still, with the future supply and quality of Treasury bonds unknown, it's not a bad idea for risk-averse investors to consider some alternative vehicles.

Money-market funds remain a safe bet for those who want to preserve capital and get some extra yield since the Treasury said last week it will guarantee those accounts.

Buying bonds of other developed countries, such as Switzerland and Australia, which are known for better balancing their budgets and managing their national debt, is another option, financial advisers say. The T. Rowe Price International Bond Fund (RPBIX) is a relatively low-cost way to get exposure to an assortment of countries' bonds. The fund requires a minimum initial investment of $2,500 and currently yields 3.78%. Others planners recommend emerging-market debt, whose yields tend to be higher, but these also carry too much risk to be considered safe havens.

King thinks the best opportunity right now is Fannie and Freddie bonds, whose yields are 1.42% higher than corresponding Treasury notes. That's quite a draw when you consider those bonds would be expected to trade much closer to Treasuries after the government made its guarantee of the agencies' debt explicit, he says.

"Perfect" Bond Asset Class?
Bill Larkin, portfolio manager for fixed income at Cabot Money Management in Salem, Mass., advises people to stay away from Fannie and Freddie debt except for shorter-dated maturities, since the agencies' fate remains to be seen. If they become part of the government, investors will win, whereas if they are broken into pieces, investors will lose because the debt will be much less liquid. He recommends other government agency debt such as that issued by the Federal Home Loan Bank or Ginnie Mae. He also suggests people buy these bonds to hold until maturity instead of buying them to trade them.

Kinder at Picket Fence questions whether there is a perfect bond asset class that can qualify as a safe haven right now. Over the long term, he thinks diversification of your portfolio is the best strategy, even if certain asset classes are currently getting hammered.

Larkin sees Treasury bills primarily as a "fear trade," which unfortunately has come to replace longer-term strategies for many investors overreacting to the abrupt escalation of the financial crisis. People who have fled into T-bills need to figure out a long-term plan, because otherwise they'll just be chasing returns, he says.

He also likes short-term corporate bonds of companies with high credit quality, which provide a low real (inflation-adjusted) return but with less volatility than stocks. This is a good time to buy them because by the time they mature in mid-2009, investors will know if the U.S. economy is in recession or poised to come out of one. As those short-term bonds mature, people can use the returns to dollar-cost average back into a balanced investing strategy comprised of stocks and bonds, he says.

Bogoslaw is a reporter for BusinessWeek's Investing channel.




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Protección de activos en Ultramar

"Registro de Negocios" es el nombre del post del blog http://www.mits-incorporation-management.com/ que se refiere a consorcios de ultramar para la protección de activos:

El uso de consorcios de ultramar para planear la protección de activos se ha incrementado significativamente en los últimos años.

Consorcios benefactores

Un Consorcio Benefactor es uno en el cual los Beneficiarios están específicamente nombrados en el documento del Consorcio. Por ejemplo, “John Smith recibirá la suma de US$100,000 en su cumpleaños 25”. Mientras sean benefactores los Consorcios pueden ser valiosos para protección de activos y quizás para propósitos de impuestos de herencias porque hay un Beneficiario específicamente nombrado (o varios), ellos son todos inútiles para planeamiento de impuestos y propósitos privados, en la medida que las Autoridades de Rentas en el país de residencia de los Beneficiarios pronto serán conscientes de la “herencia”.

Consorcios Discrecionales

Si un Beneficiario se nombra en el Documento del Consorcio, o si el Beneficiario es claramente la persona que dispone la distribución de bienes, las Autoridades de Rentas tienden a “examinar” tales arreglos del Consorcio y mirar los Beneficiarios como los propietarios de los activos e ingresos del Consorcio. Así es muy factible que a los Beneficiarios les puedan aplicar impuestos sobre los activos y los ingresos que ellos nunca poseyeron o recibieron simplemente sobre la base de que ellos podrían ser los propietarios.

Consorcios Para Protección de Activos

Un Consorcio para Protección de Activos (APT) se usa generalmente ya sea por individuos privados o por corporaciones para guardar sus activos en una forma que los mantiene intocables bajo cualquier orden de una corte que se imponga contra ellos. Los Consorcios para Protección de Activos muestran signos de resistir ataques por los acreedores mucho mejor que las Asociaciones Limitadas de Familia que son ampliamente promovidas y frecuentemente mucho más costosas.

Con un APT de Ultramar hay implicaciones de impuestos, notablemente: no se incurre en impuestos de creación. Los activos permanecen en el dominio de su creador para propósito de impuestos. El creador continúa siendo tratado como el dueño de los activos del Consorcio para propósitos de impuestos de utilidades.

Un Consorcio para Protección de Activos será normalmente irrevocable. Esto es porque si el creador puede revocar los términos del Consorcio, un acreedor pude simplemente obtener una orden de una corte exigiéndole que lo haga. Bajo estas circunstancias los activos del Consorcio estarían disponibles para los acreedores.

El uso de Consorcios de Ultramar para planeamiento de protección de activos se ha incrementado notablemente en los años recientes. Esto se debe al escalamiento masivo de los factores de riesgo que afectan adversamente la preservación de la riqueza, incluyendo los litigios civiles, expropiación o nacionalización como resultado de inestabilidad política, disputas maritales o familiares, acreedores contingentes, malos manejos de inversiones o portafolios de activos, y estados punitivos o impuestos sobre la riqueza.

Un Consorcio para Protección de Activos es uno de los mejores medios de la Ley Anglo-Sajona para permitir al creador proteger sus activos de un número de eventos inesperados, tales como el divorcio, bancarrota, insolvencia, reclamaciones de acreedores, acciones u otras situaciones cuando es necesario proteger los activos personales o de la compañía. Un Consorcio para Protección de Activos es también uno de las más modernas herramientas en el área de la planeación de impuestos porque una inmensa mayoría de centros financieros no imponen ninguna forma de impuestos sobre los activos que se depositan en un Consorcio o transferidos de un Consorcio o en remuneración y pagos del Consorcio a los Beneficiarios individuales.

Investigaciones actuales muestran que tres quintos de las firmas legales de los países de Ley Anglo-Sajona refieren sus clientes a la formación de un Consorcio para Protección de Activos, como la mejor manera de protección futura contra tales eventos inesperados como acciones de negligencia, bancarrota, insolvencia, conducta fraudulenta, y otras reclamaciones de los acreedores.

Un campo especial de advertencia es que la transferencia inicial, en el Consorcio, debe hacerse en el momento cuando el creador no esté insolvente, y cuando, bajo la ley aplicable, una donación clara pueda hacerse de manera efectiva y adecuada. Esto quiere decir que la transferencia no debe ser un traslado fraudulento. No debe haber un plan de embarcarse en una ruta de conducta fraudulenta.

Consorcios de caridad

Un consorcio de caridad es una excelente herramienta para planeamiento de impuestos ó para administración de los activos que se van a utilizar para propósitos humanitarios. Un número de países del mundo permite donaciones para propósitos humanitarios (dentro de un Consorcio o fundación) como un gasto deducible. Consorcios de Caridad se establecen, por ejemplo, para el soporte de la cultura, proyectos humanitarios, literatura, herencia cultural, aspectos religiosos, sistemas escolares, hospitales, iglesias, museos, y un número de propósitos similares. El creador transfiere parte de todos sus activos al Consorcio de Caridad y los beneficios del Consorcio se distribuyen de acuerdo con los deseos del creador.

Adicionalmente, un Consorcio de Caridad puede establecerse para propósitos de beneficiar a la comunidad entera, tales como lucha contra la pobreza, soporte de la educación o la religión, promoción, conservación y protección de los derechos humanos, protección de la naturaleza o la herencia cultural. Consorcios de Caridad pueden también establecerse para el soporte a individuos particulares o personas, incluidas personas vinculadas con el creador.

Consorcios de Propósito

Los Consorcios establecidos con un cierto propósito que no identifican beneficiarios desde su esencia pueden establecerse para soportar una meta legítima que sea específica, razonable y que puede ser cumplida sin usar procedimientos que sean inmorales, no éticos, ilegales o que pudieran estar en contradicción con la política del gobierno del país donde se establece el Consorcio.




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Proteccion de los Activos de cualquier manera

"Protección de los Activos de cualquier manera" es un post en el blog http://cool-happy.com/, y que a continuación reproducimos solo en parte:

"Una parte importante de las finanzas y de gama alta es la protección de los activos de inversión.Un activo sistema de protección es un sistema de prácticas jurídicas que usa la gente para proteger sus bienes jurídicos de las resoluciones judiciales.En efecto, una garantía de la protección de los activos del sistema debería hacer una prueba de los activos de la sentencia.Es la protección de los bienes personales y la protección de los activos de negocio, aunque a menudo se encuentran en las empresas, donde más dinero se tratara.

El principio básico de la protección de los activos se basa en el hecho de que una persona o empresa que tiene activos potencialmente puede perder parte de los activos a los acreedores.Cuando las personas y las empresas ya no los propios bienes, no pueden ser alcanzados por los acreedores.Ese es el objetivo de las estrategias de protección de activos.Hay varias estrategias de protección de activos que tienen por objeto eliminar el título legal de una persona de negocios o de los activos al mismo tiempo la posibilidad de todos los beneficios de esos bienes.

La mejor estrategia de la protección de los activos debe ser aprobado antes de que haya realmente una necesidad de él, pero esta no es la forma en que habitualmente desempeña.Después de una demanda presentada por un acreedor, muchas personas todavía pueden participar en la planificación de la protección de los activos.Planificación de la protección de los activos puede considerarse una transferencia fraudulenta en este momento, pero por lo general no hay inconveniente para la protección de los activos de planificación, ya que sólo hay que dejar de lado.Una persona o empresa en la deuda a un acreedor puede no tienen nada que perder por la sencilla planificación de la protección de los activos.

Hay muchas estrategias de protección de activos en los Estados Unidos.Los diversos planes de la protección de los activos se basan en las necesidades de la persona o empresa.El sistema de protección de activos que es lo mejor para un partido dependerá de la naturaleza del bien que está protegida, como el alquiler de bienes raíces, personal de residencias, cuentas bancarias y planes de jubilación.El plazo de una reclamación o demanda judicial decidirá también la mejor estrategia de la protección de los activos, así como el riesgo de que el deudor la adversidad y la agresividad de los acreedores.

Las personas que buscan la protección de los activos de su casa, por ejemplo, han Aproximadamente siete diferentes opciones de la protección de los activos de acuerdo con algunos expertos jurídicos finanzas.Pueden transferir la propiedad a un fideicomiso con un nombre genérico, o transferir la propiedad a un fideicomiso irrevocable para garantizar la protección de los activos personales.También podrán gravar la residencia, grabar una simple escritura de fideicomiso, vender la residencia de un miembro de la familia con un plan de pago, o incluso vender la residencia a un extranjero por dinero en efectivo.Todos estos son completamente legales estrategias de la protección de los activos personales.

Simplemente cambiando el título legal a un fideicomiso con un nombre genérico es un activo plan de protección que pueden funcionar para algunos acreedores, pero no la mayoría.Muchos expertos jurídicos de finanzas insisten en que un mejor plan de la protección de los activos es un fideicomiso irrevocable de venta o total de la residencia.Otra consideración es o no de la protección de activos se convierta fácilmente el bien de dinero.Offshore fideicomisos offshore y cuentas bancarias son las opciones en esta circunstancia.Offshore la protección de los activos es eficaz, porque el bien está fuera del control de cualquier tribunal local, por lo que el deudor no puede ser ordenada para que el activo de nuevo a los Estados Unidos."




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Protección de los activos de los ricos

"7 Consejos de Protección de los Activos de los ricos" es un post que aparece en el blog "http://code-happy.com"

"Usted puede aumentar sus probabilidades de éxito empresarial si seguir el ejemplo de negocio Dirigentes como Donald Trump.Donald Trump ¿Cómo se estructura su negocio?¿Cómo proteger sus activos de pleitos? Si usted hace un mil o mil millones de dólares es crítico que usted proteger sus activos de la empresa.

Los siguientes son consejos de la protección de los activos a los ricos:

Protección de Activos Consejo n º 1: Estructura de su negocio como una LLC.
Donald Trump sus estructuras de las empresas de esta manera.Se bulletproofs su negocio.Un LLC estructura es la mejor manera de proteger sus activos.

Protección de Activos Consejo n º 2: La bala mágica conocida como la "Orden de carga".

Una orden de carga dice que si alguien te demanda no son capaces de aprovechar los activos en la LLC si está bien estructurado.

Protección de Activos Consejo n º 3: Los beneficios se pueden tomar a través de demandas judiciales también.Tome su beneficio los ingresos y crear otra empresa que es su sociedad de gestión.

Protección de Activos Consejo n º 4: A continuación, el IRS pasos pulg El IRS dice que se puede imputar sus ingresos y darle a la persona que usted demanda.Estos ingresos se gravan en torno al 50%.

Si su LLC está estructurado adecuadamente, puede utilizar esta regla IRS a su ventaja.Por ejemplo, la persona que hacía usted no recibirá su dinero y tendrá que pagar impuestos sobre ella!Ellos tienen dinero para bombardear a cabo a pesar de que no recibió el dinero de usted, en primer lugar.

La Orden de carga disminuye drásticamente la ley porque la gente se adapte a demandar que usted no será capaz de obtener en sus activos O sus ingresos.Tendrán que pagar realmente a demandar a usted, para que no!

Protección de Activos Consejo n º 5: separar los bienes personales de su negocio y las inversiones.No hacer negocio como propietarios únicos, asociados en general, o DBA.No ponga las cosas en su nombre!

Protección de Activos Consejo n º 6: Separe las empresas y las inversiones el uno del otro.Por ejemplo, que sus productos estén en una LLC.Después haga que su empresa de coaching en otro LLC.Después haga que su empresa de marketing en una entidad diferente.En el fondo, la más LLC (y separación), mejor.

No se puede poner todo en una sola empresa.¿Por qué?Si la empresa está apagado entonces todo lo que se han quitado.Si tienes LLC entonces usted tendrá su otro LLC confiar en el.

Contadores y abogados le dirán que el hecho de tener varios LLC's es demasiado de un costo adicional y no vale la pena.No escuche a ellos.El costo vale la pena!Además, usted no tiene que tener todos sus LLC's en un Estado.Vale la pena el par de cientos de dólares que cuesta cada año a la prueba de bala de su patrimonio.

Protección de Activos Consejo n º 7: Ley AHORA!Muchas empresas no reestructurar hasta que se golpeó con una demanda judicial.Sin embargo, no se puede reestructurar en respuesta a una demanda porque considera que es el fraude.Usted necesita proteger sus activos en este momento y no cuando una demanda de visitas.Tienes que sentar las bases para la estructura de su negocio de inmediato."



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Banco de inversión junto a Banca de retail

Si la FED sigue adelante con su idea de obligar a los bancos de inversión a mantener niveles de reservas similares a los de los bancos de retail o comerciales, una buena parte del atractivo de los primeros se esfuma. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con esta medida (al fin y al cabo, los bancos de inversión como Goldman Sachs "juegan" en gran parte con su dinero), esto podría provocar fusiones y adquisiciones importantes entre los dos. De esta forma, se absorvería la parte más volátil de los bancos de inversión con la estabilidad, el capital y la capacidad de captar ahorro del banco de retail.

Quizás sea la solución de Merrill Lynch. Si compra un banco comercial con poca exposición a la crisis subprime, podría paliar el mal momento de los mercados de titularización (y, por tanto, su balance), no está claro la financiación a corto que recibe de otros bancos (pues obviamente no se trata de que la división de banca comercial financie a la de inversión; mala práctica que puede explicar la magnitud del riesgo que asumió UBS), pero el modelo de negocio de la banca comercial, grande, aburrido, con depósitos y retornos estables, puede ser una buena contraparte del mundo especulador de la banca de inversión. Quizás sería sólo una solución a corto plazo. El ejemplo de Citibank a mostrado que no es facil combinar diferentes negocios.

Less regulation in the case of SEC?

U.S. Securities & Exchange Commission member Paul Atkins recently co-wrote an article claiming that enforcement issues are so egregious that the SEC needs to set up an independent review panel. The last time the SEC had one was 36 years ago.

These are excerps from the article:

Financial markets and their regulatory landscape have changed markedly in the past three and a half decades since an independent panel reviewed the SEC's enforcement program. It is time to convene a similar panel to bring the program up to date. The Division of Enforcement of the U.S. Securities Exchange Commission has a proud history and many dedicated attorneys, accountants and other staff. Thirty-six years after its creation, the Enforcement Division is larger, stronger and more visible than anyone at the time could have imagined.

In the 36 years since the Wells Committee set out its recommendations, financial markets have changed tremendously, and corporate scandals have rocked both Wall Street and Main Street. In response, Congress gave the SEC significantly more enforcement authority, much of it penal in nature. The SEC now can impose multimillion-dollar penalties against corporations and individuals, bar individuals from serving as officers and directors of corporations, and prevent professionals such as accountants and securities lawyers from practicing before the SEC. Some believe that in exercising these new punitive powers, the SEC has shifted its focus without adjusting its due process protections along the way. It is time for the commission to convene a new advisory committee, in a spirit similar to that of the Wells Committee, to conduct an independent review of the SEC's enforcement program and to recommend any needed changes to modernize enforcement practices. As the Wells Committee did, this new committee also should examine whether the SEC is taking appropriate steps to protect the rights of defendants and to provide appropriate due process. Although much has changed since the original Wells Committee did its work, the same philosophical and practical concerns exist today. Therefore, the new advisory committee could adopt essentially the same mandate as that of the Wells Committee in 1972.

Among the many issues that would fall under this broad mandate would be the implementation of mechanisms to provide more efficacy, predictability and transparency to the enforcement program. As an agency tasked with enforcing laws and regulations mandating transparency, the SEC itself must provide transparency to the public in its enforcement practices. Predictability and transparency provide for a fair process that respects the rights of all parties involved and ensures adherence to the rule of law.

The SEC is governed by a five-member commission, each of whom is appointed by the president with Senate confirmation. The commission delegates to the career staff investigative authority, but the commission retains the decision by majority vote to issue subpoenas and to sue defendants or settle with them. The most important Wells Committee recommendation was that the enforcement staff should give notice to a prospective defendant of the potential charges to be asserted against him before the enforcement division seeks authority from the commission to sue. This policy change was a key protection of due process, and gave a defendant the ability to defend himself on the basis of facts and the law. Thus, the formal defense submission in response to the notice came to be known as a "Wells Submission." Often, the facts uncovered in investigations indicate that no action should be taken against a potential defendant, or a Wells Submission may be persuasive in arguing against an action. Sometimes, however, institutional and other factors may make it difficult to drop a matter altogether. The ability of the Enforcement Division to recommend that no action be taken in a particular matter based on the facts and law should be encouraged and institutionalized. This will require a re-evaluation of the incentives for bringing actions and obtaining penalties, such as through promotions, awards and public recognition of SEC staff. An evaluation system should focus on rewarding high-quality efforts and professionalism regardless of the outcome of particular actions. In some instances, exercising discretion may not be appropriate. There should not be institutional encouragement for using discretion to formulate theories of liability that overstep the boundaries of existing law.
Standards are set through the legislative process in Congress and through the SEC's rule-making process; it is not the function of the Enforcement Division. Rule making through enforcement violates the fundamental principles of due process that Congress established in the Administrative Procedure Act, which requires regulatory agencies to give notice and seek (and respond to) comment from the public before adopting or changing rules. In the recent past, federal courts have nullified various SEC rule-making attempts because the agency did not follow proper procedure or overstepped its authority in adopting rules.

The U.S. General Accountability Office in 2007 strongly criticized the Enforcement Division for not promptly closing investigations at their conclusion. When the commission or its staff determines that an investigation should be closed or action is not warranted, the agency should promptly send a closing letter, not only to those who have made a Wells Submission but also to any significant nonparty who has been involved in the investigation. The advisory committee also should consider bolstering the Wells Submission process by permitting a proposed defendant to appear before the commission to oppose the initiation of an enforcement proceeding. Although it would be both unnecessary and unmanageable to allow such an "oral Wells Submission" in every matter, it may be beneficial to both the commission and proposed defendants for the commission to have a discretionary avenue to hear from proposed defendants prior to taking action, particularly in complex cases or those in which character assessment is important. A review of the enforcement process would not be complete without a review of the costs to parties responding to an investigation. The SEC must ensure that its investigations and enforcement actions do not impose unnecessary costs. Overly broad subpoenas or document or interview requests add to a responding entity's costs--and not every responding entity becomes a defendant. Compliance with notices to preserve--and subsequent requests to produce--electronic data, including e-mails, voice mails and server backup tapes, is undeniably burdensome and can be very expensive.

It is critical for the SEC to have certain electronic data, but preservation notices and requests for their production are often generic and extend well beyond the boundaries of an existing investigation. The new advisory committee should recommend ways to minimize costs while still ensuring that the SEC can get the information it needs for its investigations. With respect to enforcement policies, the advisory committee should examine the usage, effects, amount and appropriateness of corporate penalties in financial fraud cases, to determine if they are consistent with the SEC's mission to protect investors; maintain fair, orderly and efficient capital markets; and facilitate capital formation.

When evaluating the use of penalties against issuers of securities in financial fraud cases, the advisory committee should, for example, ask, Do penalties protect investors? Do they harm or benefit shareholders? Is the circularity of "Fair Fund" penalty distributions (the company pays--meaning, in effect, the shareholders pay--a penalty, which is put into a fund and then distributed to the company's shareholders) consistent with ensuring fair, orderly and efficient capital markets? Is capital formation impeded by the threat of large, unpredictable issuer penalties? Do we create a moral hazard if we permit officers of companies to agree to a large corporate penalty to avoid or soften actions against culpable individuals? Are individuals deterred from wrongdoing if they expect that shareholders will pay the penalties for the misconduct? And, most important, does the prospect of large issuer penalties and the inevitable press coverage cause the SEC to misallocate resources to use the government's power to pursue weaker cases to the detriment of other types of enforcement actions?.

But thigs may are not giving the reason to Mr. Atkins. The SEC is getting into the act as well with its “emergency order” restricting short trading — not in general, but specifically in the shares in Fannie Mae and Freddie Mac, both of whom are protectorates of the federal government anyway. The SEC’s supposed target is “unlawful manipulation,” which is illegal.

All this in a not very serious maner. Normally in a functioning democracy, lawmakers and federal agencies craft rules through a deliberative process, and those rules apply prospectively across the board. When the government acts through orders rather than legislation or established administrative procedurees to identify emergencies and bogey men, and then seeks to outlaw their practices with hastily drafted decrees — well, that’s when the market makers, who depend on freedom and the established rule of law, should start to worry.

Paul S. Atkins is a commissioner at the U.S. Securities and Exchange Commission. Bradley J. Bondi is legal counsel and policy adviser to Commissioner Atkins. Their article is extracted from “Evaluating the Mission: A Critical Review Of The History And Evolution Of The SEC Enforcement Program,” first published in the Fordham Journal of Corporate and Financial Law.

Vehiculos historicos de protección de patrimonio

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO
El patrimonio personal, presente y futuro, en la mayoría de los ordenamientos (porque existía, por ejemplo, una isla del canal que exoneraba de ello, y casi todos los agricultores de la misma eran administradores de compañías que ni sabían existían), siembre deberá responder ante acreedores privados y públicos, y también puede ser atacado, entre otro motivos, en caso de disputas familiares o reclamaciones judiciales temerarias. La forma tradicional de evitar lo anterior y proteger parte del patrimonio eran los "trusts", los cuales son ignorados por muchos ordenamientos jurídicos. Sin embargo existen otras formas alternativas de protección de bienes.
Por "protección de bienes" se entiende la posibilidad de dejar permanentemente a salvo una parte del patrimonio con la finalidad de asegurarse, ante eventualidades no deseadas, un mínimo de patrimonio que permita vivir y subsistir dignamente.
Las personas que más suelen recurrir a los mecanismos de protección de bienes son quienes por diversos motivos tienen su patrimonio expuesto, directa o indirectamente, a ser agredido por terceros, destacando los siguientes:
Empresarios: Los cuales tras una vida de esfuerzo quieren dejar a salvo una parte de su patrimonio si van a proceder a arriesgarse abriendo nuevos negocios, o frente a reclamaciones por defectos de los productos que pretendan ir más allá de la responsabilidad patrimonial de la persona jurídica.
Padres de familia: Que ante las desconfianzas suscitadas por sus yernos o nueras optan por dejar parte del patrimonio fuera de la herencia, de forma que en caso de separación o divorcio dichos yernos o nueras nunca podrán beneficiarse ni apropiarse de nada que no tuvieran antes de casarse.
Cirujanos y médicos: Los cuales ante la inseguridad judicial desatada últimamente por irrazonables pretensiones de pacientes, quieren en cualquier caso dejar parte de su patrimonio al margen de disputas judiciales.
Artistas y deportistas: Que desean planificar su retirada de forma ordenada y asegurarse un futuro sin riesgos ni sobresaltos.
No se trata de realizar actos en fraude de acreedores –lo cual no permite ninguna Ley–. Se trata, simplemente, de defenderse razonable y legalmente del abuso de la doctrina del "levantamiento del velo" con la sana y legítima finalidad de poder subsistir dignamente.

Para ello el mecanismo se basa en transferir a un tercero de reputada moralidad y profesionalidad esa parte del patrimonio con la condición y la obligación de utilizar dicho patrimonio en interés y a beneficio de alguien. Y esto se puede articular mediante el "trust" en el Derecho Anglosajón o mediante la fundaciones privadas en el Derecho Continental.

LOS "TRUSTS"
Esta figura jurídica inexistente en muchos ordenamientos, incluido el español, es un contrato –o mejor dicho dos actos jurídicos unilaterales– mediante el cual una persona –llamada "settlor"– transfiere a otra –llamada "trustee"– la propiedad de ciertos bienes –si bien dichos bienes no se integran en el patrimonio del "trustee" manteniéndose de forma separada del resto de su patrimonio preexistente– pero con la finalidad de actuar en beneficio e interés de otras personas –llamadas "beneficiarios"– de acuerdo con las instrucciones dadas por el "settlor" al "trustee" en la escritura de constitución. Por supuesto, el "settlor" puede establecer que él sea el único "beneficiario" del "trust".

En caso de que el "trustee" enajene los bienes del "trust" –o los junte a su patrimonio o incumpla lo pactado en la escritura de constitución del "trust"– el beneficiario tendrá derecho a solicitar la revocación de los negocios jurídicos realizados en perjuicio suyo. Este derecho del beneficiario es más de carácter personal que de carácter real. Es muy similar a la acción revocatoria que protege el derecho de crédito frente a los actos realizados en fraude de acreedores. En todo caso queda a salvo el adquirente de buena fe y a título oneroso.

En resumen, conviene retener lo siguiente:
El trust ni crea ni tiene personalidad jurídica alguna.
Existe una verdadera transferencia de bienes (aunque dichos bienes no se integren en el resto del patrimonio del "trustee").
El principal derecho del beneficiario frente al "trustee" es de carácter personal –y no real–.
El beneficiario no tiene derecho alguno sobre los bienes del "trust" (si bien tiene "intereses" sobre dichos bienes y derechos frente al "trustee").
El "settlor" –constituyente del "trust"– no tiene ningún derecho frente al "trustee" (por supuesto, salvo que dicho "settlor" se designe como beneficiario a sí mismo).
a) Jurisdicciones anglosajonas:
En todas las jurisdicciones de tradición anglosajona es posible constituir un "trust". No podemos afirmar que existan unas jurisdicciones mejores que otras, sino que habrá que estudiar cada caso en concreto, si bien las jurisdicciones más usuales son la Isla de Jersey (donde nació), las Islas Caimán, Bahamas, y Islas Vírgenes Británicas.
Todas ellas ofrecian gran seguridad jurídica, aunque no es siempre así.

Existen gran numero de trusts en el Reino Unido y Estados Unidos, pero el propósito de los mismos es diferente al aquí descrito. b) Las jurisdicciones de Derecho Civil y el Convenio de La Haya:
El Derecho Civil continental desconoce por completo la figura del "trust" y, como consecuencia, en ocasiones se plantean graves problemas jurídicos sobre su reconocimiento. Simplemente baste apuntar los problemas que se suelen plantear en los registros de la propiedad cuando un "trustee" pretende registrar una propiedad que le ha transferido el "settlor".
En España, y por lo que se refiere a la Hacienda española, es de destacar la Respuesta de la DGT de 15 de abril de 1.998 acerca de si debe tributar por ITPyAJD el cambio de "trustee" de un inmueble. La DGT con gran acierto no se atrevió a dar una respuesta categórica, sino que se limitó a declarar que depende de si se produce una modificación registral de los citados inmuebles.

Para solucionar estos problemas existe el Convenio de La Haya de 1 de julio de 1.985 que ha sido suscrito y ratificado por varios países, entre ellos Italia, Holanda y Luxemburgo, pero no por España.

Este Convenio, a diferencia de la mayoría de los restantes Convenios de La Haya, simplemente versa sobre la ley aplicable al "trust" y sobre su reconocimiento, no entrando a regular la figura jurídica del "trust" como tal.

Resumidamente es de destacar de dicho Convenio lo siguiente:
La ley aplicable al "trust" será la elegida por el constituyente (o en ausencia de elección la ley con la que esté más estrechamente vinculado.
Dicha ley aplicable regirá la validez del "trust", su interpretación, efectos y administración, pero no los derechos de terceros, que se segirán rigiendo por las normas de conflicto del foro.
El "trust" queda reconocido como tal.
El Convenio no afecta a la competencia de los estados en materia fiscal.

LAS FUNDACIONES

En el derecho continental la figura del "trust" se ha sustituido mediante la Fundación de Interés Privado, siendo la principal diferencia en que ésta sí tiene personalidad jurídica independiente.
El concepto de una “Fundación” empezó durante el Imperio Romano, bajo la influencia del Cristianismo. Como ejemplo, la Iglesia Católica fue considerada una fundación divina, y las varias sub-organizaciones dentro de la iglesia tenían el control legal para administrar su patrimonio. Las fundaciones originales no fueron creadas para servir una necesidad privada para un específico individuo o familia, más bien ellas fueron formadas para servir las necesidades de una comunidad. Muchos siglos después, la entidad legal denominada como una Fundación continúa existiendo y es ampliamente usada y aceptada alrededor del mundo para las necesidades personales y privadas.
La Fundación consiste en la creación, por parte del fundador, de una persona jurídica –al amparo de una Ley específica que lo regula– a la cual se le transfieren bienes, ya sea por parte del fundador o de terceros, que quedarán afectos al destino estipulado en la Carta Fundacional.

Paralelamente, mediante un documento privado al margen de los estatutos –que no acceden al Registro Público específico– se establecen los "reglamentos" de la fundación, en los cuales se designan a los beneficiarios.

Los reglamentos pueden asimismo establecer la figura del "protector", el cual podrá velar por el cumplimiento de lo establecido por el fundador en la Carta Fundacional y en los Estatutos.

Hay que dejar bien claro que estas fundaciones de interés privado lo son al amparo de una legislación específica, por lo que en ningún caso sería útil la utilización de la legislación española sobre fundaciones, y ello porque:
El protector no es designado por el fundador, sino que lo son las consejerías de justicia de las respectivas comunidades autónomas.
Los beneficiarios han de ser la generalidad de la población.
El fin ha de ser en interés público, y no en interés privado o a favor de una familia concreta.
En caso de disolución los bienes de la fundación no se transmiten a los beneficiarios, sino que se distribuyen a asociaciones caritativas de la provincia respectiva.
Liechtenstein, Austria, y Suiza:
Liechtenstein era el lugar más reputado en lo que a Fundaciones de Interés Privado se refiere, pues ya desde la publicación en 1.926 de la Ley del Derecho de Sociedades y Personas (PGR) se contempla en sus artículos 525 a 570, la posibilidad de constituir Fundaciones de Interés Privado. No obstante, lo ocurrido últimamente con la compra de base datos de clientes con fundaciones de Liechtenstein ha representado un duro golpe para el principado.

Austria se ha sumado al grupo de países que poseen una legislación específica, pues desde 1.993 permite la creación de Fundaciones de Interés Privado. Sin embargo los requisitos para su constitución y mantenimiento son tantos que hacen de ella una herramienta poco útil. Así, por ejemplo, se requiere llevanza de libros de contabilidad, auditoría anual, los reglamentos han de contenerse en una escritura notarial, la identidad del fundador ha de revelarse a las autoridades, el Consejo de la Fundación –órgano rector– ha de estar formado por un mínimo de tres miembros, y las distribuciones que efectúe a favor de sus beneficiarios están sujetas a fuertes gravámenes (25% ó 34% según sean persona físicas o jurídicas).

La reglamentación suiza sobre fundaciones de interés privado es mucho más escueta y menos elaborada, siendo menos flexible y planteando en la práctica mayores problemas que las fundaciones de otras jurisdicciones.Panamá:
La Fundación de Interés Privado Panameña es una entidad legal que fue desarrollada basada en los modelos de las Fundaciones de Interés Privado de tres jurisdicciones diferentes incluyendo el Principado de Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo. El Gobierno de Panamá diseñó cuidadosamente la Fundación de Interés Privado con la intención de crear un vehículo más moderno, más flexible y más económico para el planeamiento de herencia para las personas alrededor del mundo. Los activos de la Fundación de Interés Privado panameña toman una entidad legal separada de los activos personales del Fundador, Protector, Consejo o Beneficiarios.
La Fundación de Interés Privado Panameña ofrece ventajas claras para el planeamiento de herencia internacional. La Fundación Panameña es una solución para una necesidad global de planificar la herencia de manera económica, anónima, flexible y privada y puede ser usada para mantener los activos, tales como corporaciones, fideicomisos, cuentas bancarias, cuentas de inversión, bien raíz o cualquier otro tipo de activo.Una Fundación de Interés Privado Panameña existe cuando se registra en el Registro Público. No requiere de la aprobación de ninguna autoridad pública.
En general, las Fundaciones de Interés Privado pueden que no se involucren en las actividades comerciales habituales de negocios rentables como una corporación puede. Sin embargo, algunas veces ellas pueden hacer actividades comerciales, siempre y cuando las ganancias de aquellas actividades sean usadas para los objetivos de la fundación. Por ejemplo, una Fundación de Interés Privado puede comprometerse en actividades bancarias o de inversión, como invertir en depósitos a plazo fijo bancarios (Certificados de Depósitos ), valores, bonos, fondos mutuos, opciones, etc., siempre y cuando los productos de esas actividades de inversión sean para el beneficio del beneficiario de la Fundación.
Las reuniones anuales generales de los miembros del consejo de la Fundación no son obligatorias o requeridas. Sin embargo, si las reuniones son efectuadas, las mismas pueden ser en cualquier lugar del mundo por poder – vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico. Cualquiera resolución pasada es válida sin importar si fueron firmadas con diferentes fechas o en diferentes jurisdicciones.
Las Fundaciones de otras jurisdicciones pueden ser “re-domiciliadas” a Panamá y viceversa. Fundaciones de Liechtenstein están siendo re-domiciliadas a jurisdicciones más económicas, privadas y seguras como Panamá.
OTRAS ALTERNATIVAS

Descartando las "Sparbuch" –libretas de ahorro– austríacas emitidas al portador, hemos de destacar las tres siguientes opciones:Los Planes de Pensiones suizos y luxemburgueses:
Aunque como herramienta de protección de bienes no es de gran seguridad, indicaremos simplemente que es un producto más que ofrecen los bancos y aseguradoras suizas y luxemburgueses (en el caso de Irlanda, la hacienda de este país ha sido muy activa contra los mismos en los últimos años), consistente en que según la ley suiza dichas pólizas de seguros no pueden ser embargadas por los acreedores si se cumplen ciertas condiciones, tales como que se haya contratado la póliza con una anterioridad mínima de seis meses, y que figuren como beneficiarios el cónyuge o hijos del titular.Fiducia y "bare trusts agreements":
Por comparación analógica podemos decir que el contrato de fiducia es en el derecho civil continental el equivalente anglosajón de un "bare trust agreement".

A pesar de que el negocio fiduciario es propio del derecho romano ("fiducia cum amico" y "fiducia cum creditore"), en el derecho español la fiducia no está recogida como tal en el Código Civil español, si bien la jurisprudencia lo ha admitido plenamente en base al principio general de autonomía de la contratación (arts. 1.091 y 1.255 Cc). De las más de diez sentencias del Tribunal Supremo español reconociendo el negocio fiduciario destacaremos la del 8 de marzo de 1.963 (Ar. 1628) y la del 16 de mayo de 1.983.

Resumidamente la jurisprudencia española interpreta el negocio fiduciario como un doble contrato: Primero un contrato de compraventa y después otro contrato de fiducia o garantía, constituyendo ambos en conjunto un contrato causal en el que la "causa fiducie" no consiste en la enajenación propiamente dicha, sino en la garantía o afianzamiento del débito a que la relación obligacional responde.
En otros derechos continentales la figura jurídica de la fiducia si que está legalmente recogida. Así, por ejemplo, en Italia existe desde 1.939 una ley especial que regula las empresas fiduciarias, y en Francia existe desde 1.992 un proyecto de Ley para introducir un Título XVI bis en el Libro Tercero del Código Civil francés con la denominación "De la fiducia".

También está recogida en varios países de América tales como México, Venezuela, Panamá (Ley 1/1.984 de 5 de enero) o Québec (art. 1.260 y ss. Del Cc), entendiéndose aquí la fiducia como mecanismo de gestión de un patrimonio sin propietario y afectado a un fin, pero nunca existe un desdoblamiento de la propiedad en "legal ownership" (para el "trustee") y "equitable ownership" (para el "settlor").

En todas las jurisdicciones anglosajonas existe la figura jurídica del "bare trust", la cual es plenamente reconocida y protegida por los tribunales. Para explicarlo brevemente, en ocasiones viene a ser un mandato según el cual el "trustee" adquiere bienes a su nombre –con dinero previamente recibido del "settlor"– y se compromete a gestionarlos según las instrucciones que reciba. También se podría explicar diciendo que es un contrato entre dos partes mediante la cual el "trustee" (o "legal owner") reconoce que determinados bienes que aparentemente figuran a su nombre en realidad no le pertenecen a él, sino al "settlor" (llamado también "beneficial owner")."Personal Holding Companies":
Es una subespecie de lo anterior, una herramienta complementaria y más rudimentaria que un "trust" o fundación, y consiste en crear una sociedad "off shore" en una jurisdicción de baja tributación con acciones al portador –ya van quedando pocos países que todavía lo conservan, podemos destacar a Belice o Panama, pues en el caso de las Islas Virgenes Británicas los impedimentos son muchos-, o registradas a nombre de un fiduciario según la fórmula descrita anteriormente, que luego se transfieren al verdadero propietario el cual podrá a su vez transferir a dicha sociedad los bienes de su patrimonio que estime oportunos.

Por supuesto, como administrador de dicha sociedad deberá figurar otra persona, generalmente una empresa especializada de gran reputación, y lo ideal sería que el cliente no tuviera poderes para operar directamente con los bienes.

FISCALIDAD DE LOS "TRUSTS" Y LAS FUNDACIONES

Aquí vamos a introducir simplemente unas reflexiones acerca de cómo deberían tributar los beneficiarios de un trust o fundación.Creo que el punto de partida de la reflexión surge de la respuesta a las siguientes preguntas: ¿A quién pertenece un trust o una fundación?. Y, los derechos de los beneficiarios de un trust o de una fundación, ¿son susceptibles de valoración económica?

En nuestra opinión tanto el "trust" como la fundación son patrimonios afectos a un fin, y los derechos que pueda tener un beneficiario, tanto de un "trust" como de una fundación –excepto en ciertos casos– entran dentro de la categoría de los derechos personales o familiares y, dado que estos derechos no son susceptibles de valoración económica, un beneficiario jamás debe ser gravado por el impuesto sobre el patrimonio, que por otro lado ya ha sido suprimido en la mayoría de las jurisdicciones europeas.

Dado que hemos considerado que el trust o la fundación no forman parte del patrimonio del beneficiario, es decir, que éste no tiene derecho alguno económicamente evaluable sobre el trust o la fundación, –que es la solución que nos parece más razonable–, entonces los ingresos que el beneficiario reciba de ellos deberían considerarse como donativos y, por lo tanto, tributarán por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como si de un extraño se tratara.

CONCLUSIÓN

Varias son las herramientas y vehículos existentes para una noble y racional protección de bienes, debiendo estudiar en cada caso concreto cuál es la que mejor se adapta a la situación personal del interesado.
Sin embargo, desgraciadamente en ocasiones se hace un abuso o uso indebido de las herramientas que acabamos de comentar. Pero la buena noticia es que cada vez existe más conciencia por parte de los distintos operadores –bancos, abogados y autoridades judiciales– de que las conductas ilícitas, es decir, la obtención de dinero procedente de actividades ilícitas, no han de poder ampararse en los mecanismos aquí explicados.

Hoy en día, afortunadamente, la confidencialidad tiene, en las jurisdicciones serias como las que acabamos de mencionar, el límite de lo racional: Es decir, que el dinero provenga de actividades sustancialmente lícitas, independientemente de si se ha cumplido con la restante normativa reguladora (laboral, fiscal, medioambiental, etc…). Y esto nos lleva a la conclusión de que los mecanismos de protección de bienes sólo pueden ser eficazmente utilizados cuando la sana intención es proteger parte del patrimonio obtenido lícitamente.

Vehiculos historicos de protección de patrimonio

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO
El patrimonio personal, presente y futuro, en la mayoría de los ordenamientos (porque existía, por ejemplo, una isla del canal que exoneraba de ello, y casi todos los agricultores de la misma eran administradores de compañías que ni sabían existían), siembre deberá responder ante acreedores privados y públicos, y también puede ser atacado, entre otro motivos, en caso de disputas familiares o reclamaciones judiciales temerarias. La forma tradicional de evitar lo anterior y proteger parte del patrimonio eran los "trusts", los cuales son ignorados por muchos ordenamientos jurídicos. Sin embargo existen otras formas alternativas de protección de bienes.
Por "protección de bienes" se entiende la posibilidad de dejar permanentemente a salvo una parte del patrimonio con la finalidad de asegurarse, ante eventualidades no deseadas, un mínimo de patrimonio que permita vivir y subsistir dignamente.
Las personas que más suelen recurrir a los mecanismos de protección de bienes son quienes por diversos motivos tienen su patrimonio expuesto, directa o indirectamente, a ser agredido por terceros, destacando los siguientes:
Empresarios: Los cuales tras una vida de esfuerzo quieren dejar a salvo una parte de su patrimonio si van a proceder a arriesgarse abriendo nuevos negocios, o frente a reclamaciones por defectos de los productos que pretendan ir más allá de la responsabilidad patrimonial de la persona jurídica.
Padres de familia: Que ante las desconfianzas suscitadas por sus yernos o nueras optan por dejar parte del patrimonio fuera de la herencia, de forma que en caso de separación o divorcio dichos yernos o nueras nunca podrán beneficiarse ni apropiarse de nada que no tuvieran antes de casarse.
Cirujanos y médicos: Los cuales ante la inseguridad judicial desatada últimamente por irrazonables pretensiones de pacientes, quieren en cualquier caso dejar parte de su patrimonio al margen de disputas judiciales.
Artistas y deportistas: Que desean planificar su retirada de forma ordenada y asegurarse un futuro sin riesgos ni sobresaltos.
No se trata de realizar actos en fraude de acreedores –lo cual no permite ninguna Ley–. Se trata, simplemente, de defenderse razonable y legalmente del abuso de la doctrina del "levantamiento del velo" con la sana y legítima finalidad de poder subsistir dignamente.

Para ello el mecanismo se basa en transferir a un tercero de reputada moralidad y profesionalidad esa parte del patrimonio con la condición y la obligación de utilizar dicho patrimonio en interés y a beneficio de alguien. Y esto se puede articular mediante el "trust" en el Derecho Anglosajón o mediante la fundaciones privadas en el Derecho Continental.

LOS "TRUSTS"
Esta figura jurídica inexistente en muchos ordenamientos, incluido el español, es un contrato –o mejor dicho dos actos jurídicos unilaterales– mediante el cual una persona –llamada "settlor"– transfiere a otra –llamada "trustee"– la propiedad de ciertos bienes –si bien dichos bienes no se integran en el patrimonio del "trustee" manteniéndose de forma separada del resto de su patrimonio preexistente– pero con la finalidad de actuar en beneficio e interés de otras personas –llamadas "beneficiarios"– de acuerdo con las instrucciones dadas por el "settlor" al "trustee" en la escritura de constitución. Por supuesto, el "settlor" puede establecer que él sea el único "beneficiario" del "trust".

En caso de que el "trustee" enajene los bienes del "trust" –o los junte a su patrimonio o incumpla lo pactado en la escritura de constitución del "trust"– el beneficiario tendrá derecho a solicitar la revocación de los negocios jurídicos realizados en perjuicio suyo. Este derecho del beneficiario es más de carácter personal que de carácter real. Es muy similar a la acción revocatoria que protege el derecho de crédito frente a los actos realizados en fraude de acreedores. En todo caso queda a salvo el adquirente de buena fe y a título oneroso.

En resumen, conviene retener lo siguiente:
El trust ni crea ni tiene personalidad jurídica alguna.
Existe una verdadera transferencia de bienes (aunque dichos bienes no se integren en el resto del patrimonio del "trustee").
El principal derecho del beneficiario frente al "trustee" es de carácter personal –y no real–.
El beneficiario no tiene derecho alguno sobre los bienes del "trust" (si bien tiene "intereses" sobre dichos bienes y derechos frente al "trustee").
El "settlor" –constituyente del "trust"– no tiene ningún derecho frente al "trustee" (por supuesto, salvo que dicho "settlor" se designe como beneficiario a sí mismo).
a) Jurisdicciones anglosajonas:
En todas las jurisdicciones de tradición anglosajona es posible constituir un "trust". No podemos afirmar que existan unas jurisdicciones mejores que otras, sino que habrá que estudiar cada caso en concreto, si bien las jurisdicciones más usuales son la Isla de Jersey (donde nació), las Islas Caimán, Bahamas, y Islas Vírgenes Británicas.
Todas ellas ofrecian gran seguridad jurídica, aunque no es siempre así.

Existen gran numero de trusts en el Reino Unido y Estados Unidos, pero el propósito de los mismos es diferente al aquí descrito. b) Las jurisdicciones de Derecho Civil y el Convenio de La Haya:
El Derecho Civil continental desconoce por completo la figura del "trust" y, como consecuencia, en ocasiones se plantean graves problemas jurídicos sobre su reconocimiento. Simplemente baste apuntar los problemas que se suelen plantear en los registros de la propiedad cuando un "trustee" pretende registrar una propiedad que le ha transferido el "settlor".
En España, y por lo que se refiere a la Hacienda española, es de destacar la Respuesta de la DGT de 15 de abril de 1.998 acerca de si debe tributar por ITPyAJD el cambio de "trustee" de un inmueble. La DGT con gran acierto no se atrevió a dar una respuesta categórica, sino que se limitó a declarar que depende de si se produce una modificación registral de los citados inmuebles.

Para solucionar estos problemas existe el Convenio de La Haya de 1 de julio de 1.985 que ha sido suscrito y ratificado por varios países, entre ellos Italia, Holanda y Luxemburgo, pero no por España.

Este Convenio, a diferencia de la mayoría de los restantes Convenios de La Haya, simplemente versa sobre la ley aplicable al "trust" y sobre su reconocimiento, no entrando a regular la figura jurídica del "trust" como tal.

Resumidamente es de destacar de dicho Convenio lo siguiente:
La ley aplicable al "trust" será la elegida por el constituyente (o en ausencia de elección la ley con la que esté más estrechamente vinculado.
Dicha ley aplicable regirá la validez del "trust", su interpretación, efectos y administración, pero no los derechos de terceros, que se segirán rigiendo por las normas de conflicto del foro.
El "trust" queda reconocido como tal.
El Convenio no afecta a la competencia de los estados en materia fiscal.

LAS FUNDACIONES

En el derecho continental la figura del "trust" se ha sustituido mediante la Fundación de Interés Privado, siendo la principal diferencia en que ésta sí tiene personalidad jurídica independiente.
El concepto de una “Fundación” empezó durante el Imperio Romano, bajo la influencia del Cristianismo. Como ejemplo, la Iglesia Católica fue considerada una fundación divina, y las varias sub-organizaciones dentro de la iglesia tenían el control legal para administrar su patrimonio. Las fundaciones originales no fueron creadas para servir una necesidad privada para un específico individuo o familia, más bien ellas fueron formadas para servir las necesidades de una comunidad. Muchos siglos después, la entidad legal denominada como una Fundación continúa existiendo y es ampliamente usada y aceptada alrededor del mundo para las necesidades personales y privadas.
La Fundación consiste en la creación, por parte del fundador, de una persona jurídica –al amparo de una Ley específica que lo regula– a la cual se le transfieren bienes, ya sea por parte del fundador o de terceros, que quedarán afectos al destino estipulado en la Carta Fundacional.

Paralelamente, mediante un documento privado al margen de los estatutos –que no acceden al Registro Público específico– se establecen los "reglamentos" de la fundación, en los cuales se designan a los beneficiarios.

Los reglamentos pueden asimismo establecer la figura del "protector", el cual podrá velar por el cumplimiento de lo establecido por el fundador en la Carta Fundacional y en los Estatutos.

Hay que dejar bien claro que estas fundaciones de interés privado lo son al amparo de una legislación específica, por lo que en ningún caso sería útil la utilización de la legislación española sobre fundaciones, y ello porque:
El protector no es designado por el fundador, sino que lo son las consejerías de justicia de las respectivas comunidades autónomas.
Los beneficiarios han de ser la generalidad de la población.
El fin ha de ser en interés público, y no en interés privado o a favor de una familia concreta.
En caso de disolución los bienes de la fundación no se transmiten a los beneficiarios, sino que se distribuyen a asociaciones caritativas de la provincia respectiva.
Liechtenstein, Austria, y Suiza:
Liechtenstein era el lugar más reputado en lo que a Fundaciones de Interés Privado se refiere, pues ya desde la publicación en 1.926 de la Ley del Derecho de Sociedades y Personas (PGR) se contempla en sus artículos 525 a 570, la posibilidad de constituir Fundaciones de Interés Privado. No obstante, lo ocurrido últimamente con la compra de base datos de clientes con fundaciones de Liechtenstein ha representado un duro golpe para el principado.

Austria se ha sumado al grupo de países que poseen una legislación específica, pues desde 1.993 permite la creación de Fundaciones de Interés Privado. Sin embargo los requisitos para su constitución y mantenimiento son tantos que hacen de ella una herramienta poco útil. Así, por ejemplo, se requiere llevanza de libros de contabilidad, auditoría anual, los reglamentos han de contenerse en una escritura notarial, la identidad del fundador ha de revelarse a las autoridades, el Consejo de la Fundación –órgano rector– ha de estar formado por un mínimo de tres miembros, y las distribuciones que efectúe a favor de sus beneficiarios están sujetas a fuertes gravámenes (25% ó 34% según sean persona físicas o jurídicas).

La reglamentación suiza sobre fundaciones de interés privado es mucho más escueta y menos elaborada, siendo menos flexible y planteando en la práctica mayores problemas que las fundaciones de otras jurisdicciones.Panamá:
La Fundación de Interés Privado Panameña es una entidad legal que fue desarrollada basada en los modelos de las Fundaciones de Interés Privado de tres jurisdicciones diferentes incluyendo el Principado de Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo. El Gobierno de Panamá diseñó cuidadosamente la Fundación de Interés Privado con la intención de crear un vehículo más moderno, más flexible y más económico para el planeamiento de herencia para las personas alrededor del mundo. Los activos de la Fundación de Interés Privado panameña toman una entidad legal separada de los activos personales del Fundador, Protector, Consejo o Beneficiarios.
La Fundación de Interés Privado Panameña ofrece ventajas claras para el planeamiento de herencia internacional. La Fundación Panameña es una solución para una necesidad global de planificar la herencia de manera económica, anónima, flexible y privada y puede ser usada para mantener los activos, tales como corporaciones, fideicomisos, cuentas bancarias, cuentas de inversión, bien raíz o cualquier otro tipo de activo.Una Fundación de Interés Privado Panameña existe cuando se registra en el Registro Público. No requiere de la aprobación de ninguna autoridad pública.
En general, las Fundaciones de Interés Privado pueden que no se involucren en las actividades comerciales habituales de negocios rentables como una corporación puede. Sin embargo, algunas veces ellas pueden hacer actividades comerciales, siempre y cuando las ganancias de aquellas actividades sean usadas para los objetivos de la fundación. Por ejemplo, una Fundación de Interés Privado puede comprometerse en actividades bancarias o de inversión, como invertir en depósitos a plazo fijo bancarios (Certificados de Depósitos ), valores, bonos, fondos mutuos, opciones, etc., siempre y cuando los productos de esas actividades de inversión sean para el beneficio del beneficiario de la Fundación.
Las reuniones anuales generales de los miembros del consejo de la Fundación no son obligatorias o requeridas. Sin embargo, si las reuniones son efectuadas, las mismas pueden ser en cualquier lugar del mundo por poder – vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico. Cualquiera resolución pasada es válida sin importar si fueron firmadas con diferentes fechas o en diferentes jurisdicciones.
Las Fundaciones de otras jurisdicciones pueden ser “re-domiciliadas” a Panamá y viceversa. Fundaciones de Liechtenstein están siendo re-domiciliadas a jurisdicciones más económicas, privadas y seguras como Panamá.
OTRAS ALTERNATIVAS

Descartando las "Sparbuch" –libretas de ahorro– austríacas emitidas al portador, hemos de destacar las tres siguientes opciones:Los Planes de Pensiones suizos y luxemburgueses:
Aunque como herramienta de protección de bienes no es de gran seguridad, indicaremos simplemente que es un producto más que ofrecen los bancos y aseguradoras suizas y luxemburgueses (en el caso de Irlanda, la hacienda de este país ha sido muy activa contra los mismos en los últimos años), consistente en que según la ley suiza dichas pólizas de seguros no pueden ser embargadas por los acreedores si se cumplen ciertas condiciones, tales como que se haya contratado la póliza con una anterioridad mínima de seis meses, y que figuren como beneficiarios el cónyuge o hijos del titular.Fiducia y "bare trusts agreements":
Por comparación analógica podemos decir que el contrato de fiducia es en el derecho civil continental el equivalente anglosajón de un "bare trust agreement".

A pesar de que el negocio fiduciario es propio del derecho romano ("fiducia cum amico" y "fiducia cum creditore"), en el derecho español la fiducia no está recogida como tal en el Código Civil español, si bien la jurisprudencia lo ha admitido plenamente en base al principio general de autonomía de la contratación (arts. 1.091 y 1.255 Cc). De las más de diez sentencias del Tribunal Supremo español reconociendo el negocio fiduciario destacaremos la del 8 de marzo de 1.963 (Ar. 1628) y la del 16 de mayo de 1.983.

Resumidamente la jurisprudencia española interpreta el negocio fiduciario como un doble contrato: Primero un contrato de compraventa y después otro contrato de fiducia o garantía, constituyendo ambos en conjunto un contrato causal en el que la "causa fiducie" no consiste en la enajenación propiamente dicha, sino en la garantía o afianzamiento del débito a que la relación obligacional responde.
En otros derechos continentales la figura jurídica de la fiducia si que está legalmente recogida. Así, por ejemplo, en Italia existe desde 1.939 una ley especial que regula las empresas fiduciarias, y en Francia existe desde 1.992 un proyecto de Ley para introducir un Título XVI bis en el Libro Tercero del Código Civil francés con la denominación "De la fiducia".

También está recogida en varios países de América tales como México, Venezuela, Panamá (Ley 1/1.984 de 5 de enero) o Québec (art. 1.260 y ss. Del Cc), entendiéndose aquí la fiducia como mecanismo de gestión de un patrimonio sin propietario y afectado a un fin, pero nunca existe un desdoblamiento de la propiedad en "legal ownership" (para el "trustee") y "equitable ownership" (para el "settlor").

En todas las jurisdicciones anglosajonas existe la figura jurídica del "bare trust", la cual es plenamente reconocida y protegida por los tribunales. Para explicarlo brevemente, en ocasiones viene a ser un mandato según el cual el "trustee" adquiere bienes a su nombre –con dinero previamente recibido del "settlor"– y se compromete a gestionarlos según las instrucciones que reciba. También se podría explicar diciendo que es un contrato entre dos partes mediante la cual el "trustee" (o "legal owner") reconoce que determinados bienes que aparentemente figuran a su nombre en realidad no le pertenecen a él, sino al "settlor" (llamado también "beneficial owner")."Personal Holding Companies":
Es una subespecie de lo anterior, una herramienta complementaria y más rudimentaria que un "trust" o fundación, y consiste en crear una sociedad "off shore" en una jurisdicción de baja tributación con acciones al portador –ya van quedando pocos países que todavía lo conservan, podemos destacar a Belice o Panama, pues en el caso de las Islas Virgenes Británicas los impedimentos son muchos-, o registradas a nombre de un fiduciario según la fórmula descrita anteriormente, que luego se transfieren al verdadero propietario el cual podrá a su vez transferir a dicha sociedad los bienes de su patrimonio que estime oportunos.

Por supuesto, como administrador de dicha sociedad deberá figurar otra persona, generalmente una empresa especializada de gran reputación, y lo ideal sería que el cliente no tuviera poderes para operar directamente con los bienes.

FISCALIDAD DE LOS "TRUSTS" Y LAS FUNDACIONES

Aquí vamos a introducir simplemente unas reflexiones acerca de cómo deberían tributar los beneficiarios de un trust o fundación.Creo que el punto de partida de la reflexión surge de la respuesta a las siguientes preguntas: ¿A quién pertenece un trust o una fundación?. Y, los derechos de los beneficiarios de un trust o de una fundación, ¿son susceptibles de valoración económica?

En nuestra opinión tanto el "trust" como la fundación son patrimonios afectos a un fin, y los derechos que pueda tener un beneficiario, tanto de un "trust" como de una fundación –excepto en ciertos casos– entran dentro de la categoría de los derechos personales o familiares y, dado que estos derechos no son susceptibles de valoración económica, un beneficiario jamás debe ser gravado por el impuesto sobre el patrimonio, que por otro lado ya ha sido suprimido en la mayoría de las jurisdicciones europeas.

Dado que hemos considerado que el trust o la fundación no forman parte del patrimonio del beneficiario, es decir, que éste no tiene derecho alguno económicamente evaluable sobre el trust o la fundación, –que es la solución que nos parece más razonable–, entonces los ingresos que el beneficiario reciba de ellos deberían considerarse como donativos y, por lo tanto, tributarán por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como si de un extraño se tratara.

CONCLUSIÓN

Varias son las herramientas y vehículos existentes para una noble y racional protección de bienes, debiendo estudiar en cada caso concreto cuál es la que mejor se adapta a la situación personal del interesado.
Sin embargo, desgraciadamente en ocasiones se hace un abuso o uso indebido de las herramientas que acabamos de comentar. Pero la buena noticia es que cada vez existe más conciencia por parte de los distintos operadores –bancos, abogados y autoridades judiciales– de que las conductas ilícitas, es decir, la obtención de dinero procedente de actividades ilícitas, no han de poder ampararse en los mecanismos aquí explicados.

Hoy en día, afortunadamente, la confidencialidad tiene, en las jurisdicciones serias como las que acabamos de mencionar, el límite de lo racional: Es decir, que el dinero provenga de actividades sustancialmente lícitas, independientemente de si se ha cumplido con la restante normativa reguladora (laboral, fiscal, medioambiental, etc…). Y esto nos lleva a la conclusión de que los mecanismos de protección de bienes sólo pueden ser eficazmente utilizados cuando la sana intención es proteger parte del patrimonio obtenido lícitamente.

US Investigations about Tax Haven Banks

on 17 July, the Subcommittee on Investigations of the U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs will hold a hearing titled Tax Haven Banks and U. S. Tax Compliance. According to descriptive blurb on the committee web site, “The Permanent Subcommittee on Investigations hearing will examine how financial institutions located in offshore tax havens, including Liechtenstein and Switzerland, may be engaged in banking practices that could facilitate, and in some instances have resulted in, tax evasion and other misconduct by U.S. clients. The hearing will also examine how U.S. domestic and international tax enforcement efforts could be strengthened. The Subcommittee expects to issue a Subcommittee staff report in conjunction with the hearing summarizing its investigative findings. A witness list will be available Monday, July 14, 2008.”

Les paradis fiscaux pour la France

A un article de Le Monde, bien qu'ils soient très régulièrement fustigés, les paradis fiscaux sont aujourd'hui tout sauf des places financières marginales. La mondialisation aidant, ils sont devenus l'un des piliers de la finance mondiale et des milliards de milliards de dollars y transitent chaque année.

Tout circule via les paradis fiscaux : de l'argent propre, sale, des sommes provenant de l'évasion fiscale... Et après les avoir laissés prospérer, les grandes puissances économiques s'inquiètent aujourd'hui de leur essor. A la suite des attentats du 11-Septembre, les Etats-Unis ont réalisé que l'argent du terrorisme y avait en partie transité. Ces derniers mois, plusieurs scandales sont aussi venus démontrer comment ces places favorisaient la fraude fiscale à grande échelle, comme au Liechtenstein, où il a été découvert que plus d'un millier d'Occidentaux - dont 200 Français - y avaient placé leur pécule.

La France est un des principaux pourfendeurs de ces places
Officiellement, il n'existe aucune évaluation de la fraude fiscale réalisée aux dépens de la France via les places offshore. Seul le montant total de la fraude sous toutes ses formes est connu : 29 à 40 milliards d'euros, en 2007, selon le Conseil des prélèvements obligatoires. Malgré tout, ces montants astronomiques ont fait de l'Hexagone un des principaux pourfendeurs des paradis fiscaux.

Aujourd'hui, à Bercy, le dossier est encore plus pris à coeur depuis le scandale du Liechtenstein, au mois de février.

Le 2 avril, un rapport sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale a donc été présenté. Il prévoit notamment de profiter de la présidence française de l'Union européenne, qui a débuté le 1er juillet, pour lancer un projet de plate-forme de lutte contre la fraude à la TVA : Eurofisc. Bercy souhaite aussi, d'ici à la fin de l'année, octroyer aux agents des impôts des pouvoirs de police judiciaire. A l'avenir, ils pourraient ainsi, sous la tutelle d'un juge, être autorisés à effectuer des perquisitions chez les contribuables fraudeurs.

Lors du sommet du G8 d'Hokkaido au Japon, du lundi 7 au mercredi 9 juin, les paradis fiscaux vont faire partie des grands sujets abordés.

Qu'est-ce qu'un paradis fiscal ? L'imaginaire collectif résume volontiers les paradis fiscaux à des îles dorées, dont la fiscalité est au moins aussi attractive que les cocotiers. C'est parfois le cas, mais c'est souvent plus subtil.

Il n'existe pas de définition unique. Christian Chavagneux et Ronen Palan, auteurs des Paradis fiscaux (La Découverte, 2007, 122 pages, 8,50 euros), distinguent dix critères pour identifier ce type de place. Parmi eux : une taxation faible ou nulle pour les non-résidents, un secret bancaire renforcé, des procédures d'enregistrement souples pour les entreprises qui désirent s'y installer... La variété des définitions engendre de facto des listes plus ou moins longues de paradis fiscaux.

Légal ou pas légal ? Instaurer un régime fiscal attractif n'est pas illégal en soi. Ce sont les types de capitaux attirés qui suscitent généralement les critiques ou la suspicion, car une part non négligeable de l'argent circulant dans les paradis fiscaux correspond à de l'évasion fiscale. Dans une moindre mesure, les criminels utilisent aussi ces places pour blanchir les sommes illégalement gagnées.

Les "paradis" se sont souvent dotés d'un régime fiscal avantageux pour développer un territoire sans ressources, sans industrie, et souvent isolé (Bahamas, Andorre...). Pour certains pays comme la Suisse ou Singapour, c'est le résultat d'un pari stratégique qui consiste à baser l'essentiel de leur développement économique sur "l'industrie de la finance".
C
omment sont-ils nés ? Ils sont apparus dans les années 1880, aux Etats-Unis. A l'époque, les Etats du New Jersey et du Delaware jalousaient New York et le Massachusetts qui concentraient la plupart des sièges sociaux des entreprises et enregistraient, en conséquence, de fortes rentrées fiscales. Pour les concurrencer, le New Jersey a instauré une législation plafonnant l'impôt sur les sociétés. En 1898, le Delaware a fait de même. Aujourd'hui, selon MM. Chavagneux et Palan, "la moitié des entreprises américaines cotées en Bourse ont leur siège social dans le Delaware".

Dans les années 1920, suite à des différends commerciaux, des juges britanniques ont considéré qu'une entreprise anglaise installée à l'étranger et faisant affaire hors du Royaume-Uni ne devait pas être assujettie à l'impôt anglais. Le principe de résidence fictive pour raison fiscale a alors de facto été créé. L'instauration par la Suisse, en 1934, d'une loi punissant pénalement la violation du secret bancaire a parachevé les principes qu'imitent aujourd'hui de nombreuses places.
La première vague de création de paradis fiscaux a eu lieu dans les années 1930. C'est à cette époque, par exemple, que se développent le Liechtenstein ou Gibraltar. La deuxième remonte aux années 1960. Leur expansion est allée de pair avec la mondialisation. Le phénomène se poursuit aujourd'hui, particulièrement en Asie, avec l'essor de Singapour, pays devenu une sorte de "Suisse asiatique"...

Pour ou contre les paradis fiscaux ? Depuis 2002, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a lancé un vaste programme - le Forum mondial pour la fiscalité - visant à instaurer une "équité et une concurrence loyale" en matière fiscale. A terme, le but est d'obliger les paradis fiscaux, par la négociation, à limiter leur "dumping fiscal". Pour de nombreuses associations, comme le réseau Tax Justice, et les grands argentiers de tout bord, les paradis fiscaux constituent - en plus d'un risque criminel - une vaste incitation à l'évasion fiscale, et donc un manque à gagner pour les Etats. Toutefois, la démarche de l'OCDE ne les satisfait pas toujours, car jugée par certains trop "diplomatique".

Pour de nombreux libéraux, l'action de l'OCDE est au contraire une ingérence inacceptable dans les affaires des pays concernés, voire une forme de "néocolonialisme". Ils estiment que la concurrence fiscale est saine et que les paradis fiscaux ne devraient pas être tenus d'amender leur législation. A leurs yeux, le secret bancaire relève du droit au respect de la vie privée. Ils minimisent les aspects criminogènes, et considèrent que les richesses dégagées par les paradis fiscaux sont, à leur manière, des sources de croissance.

Combien pèsent-ils ? Rares sont les données officielles sur le poids économique des paradis fiscaux. Ils communiquent peu sur les flux qui transitent chez eux, et lorsque certains le font, les experts considèrent que leurs données sont peu fiables. Il faut alors s'en remettre aux estimations régulièrement réalisées par la Banque des règlements internationaux (BRI), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), des cabinets d'audit ou des chercheurs. Ces études, forcément approximatives, donnent cependant une idée de l'importance des montants financiers en jeu : des milliards de milliards de dollars.
Les poids économiques des paradis fiscaux sont très variables. Certains ont leur spécialité. Les Bahamas sont le domicile privilégié des fonds spécialisés, la Suisse est en tête pour la gestion de fortune...

Peut-on lever leur secret bancaire ? Au nom du "respect de la vie privée", la plupart des paradis fiscaux ont mis en place un secret bancaire renforcé. Les menaces américaines de rétorsion, lancées après les attentats du 11-Septembre, ont toutefois amené la plupart des places offshore à lever leur secret bancaire en cas d'enquêtes pénales (avec plus ou moins de restrictions). Il s'agissait ainsi de disparaître de listes noires internationales, préjudiciables à leur réputation.

Aujourd'hui, l'OCDE incite les paradis fiscaux à signer le plus grand nombre possible de "conventions d'échange de renseignements", accords bilatéraux entre un paradis fiscal et un pays sur les conditions de levée du secret bancaire. Mais certains pays, comme les Bahamas, n'en ont signé qu'une seule, avec les Etats-Unis, leur plus gros client. Même chose pour Monaco avec la France. D'autres ont paraphé quantité de conventions, mais les conditions pour lever le secret bancaire sont très restreintes. Ainsi, Singapour en a signé avec 53 pays, mais n'autorise l'échange de renseignements que si un "intérêt fiscal national" est en jeu. Soit pratiquement jamais.
Les paradis fiscaux continuent donc de recourir à des artifices pour préserver la confidentialité de leur clientèle : c'est la clé de leur succès. Et, dans certains paradis fiscaux comme la Suisse, l'évasion fiscale n'est pas considérée comme un délit. Aussi refusent-ils de communiquer toute information, en cas d'enquêtes fiscales.

Quelle est la position de l'Union européenne ? L'UE a adopté en 2005 une directive imposant l'échange d'informations fiscales entre ses Etats membres. Cependant, une clause permet aux pays le désirant de ne pas s'y soumettre : auquel cas, les fonds déposés par des non-résidents doivent êtres taxés à hauteur de 25 % (35 % à partir de 2011). La plupart des paradis fiscaux européens (Luxembourg, Belgique, Autriche...) ont préféré taxer les revenus de l'épargne plutôt que de lever leur secret bancaire. Le Liechtenstein, qui a adopté ce texte, a en outre réussi à exempter de cette règle toutes ses "fondations", structures opaques sur lesquelles repose l'essentiel de son attractivité.

Comment les entreprises les utilisent-ils ? La plupart des banques possèdent des filiales dans les paradis fiscaux, de façon légale. En principe, tous les bénéfices dégagés dans ces places sont donc déclarés à leur pays d'origine. Mais, selon les détracteurs des paradis fiscaux, ces banques, malgré les précautions qu'elles peuvent prendre, contribuent à la circulation de capitaux d'origine douteuse via leurs filiales. De nombreuses grandes entreprises ou fortunes individuelles ont aussi recours aux paradis fiscaux dans le cadre des savants montages juridiques d'optimisation fiscale. Totalement légales, ces pratiques sont cependant très critiquées.